Por: Ma. Eugenia Morales Castro

Las crisis sacan a la luz conflictos y tensiones que se han ido configurando históricamente, una de ellas es la construcción social de las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres

En nuestro país, históricamente se han definido las relaciones entre hombres y mujeres basadas en la diferencia biológica de sexo, y socialmente han sido asignados roles a lo femenino ya lo masculino fundamentados en una cultura patriarcal. En el imaginario cultural se ha fortalecido la asignación de roles: como proveedor, fuerte, del espacio público y tomador de decisiones, está el hombre, y como reproductora, cuidadora, emocional, débil, sumisa y de espacio privado, la mujer. Esta asignación ha establecido una relación desigual, de brechas que fracturan el equilibrio en las relaciones y la calidad de vida, fundamentalmente de las mujeres. El reto entonces es el abordaje de cómo la sociedad, los gobiernos, las diversas configuraciones de familia, mujeres y hombres,

La igualdad es un derecho humano, donde las personas tienen el mismo valor(aunque no las mismas características ni circunstancias). Así, la igualdad de género implica condiciones de igualdad entre hombres y mujeres respecto al acceso a derechos y oportunidades en la vida civil y política

El costo social, económico y político entre otros ámbitos, de ignorar el conocimiento, la sabiduría, el acumulado y el aporte del 52% de la población que representamos las mujeres, es muy alto, lo que se traduce en la sub utilización del gran valor del capital humano que las mujeres significan.

Es fundamental establecer la diferencia e importancia de los conceptos de igualdad y equidad. La igualdad es un derecho humano protegido por distintos instrumentos nacionales e internacionales. Es una relación de equivalencia donde las personas tienen el mismo valor (aunque no las mismas características ni circunstancias) y por tanto, son iguales. Así, la igualdad de género implica condiciones de igualdad entre hombres y mujeres respecto al acceso a derechos y oportunidades en la vida civil y política. La equidad por su parte, trata de reconocer las diferencias entre las personas para actuar con justicia en la distribución de oportunidades, bienes y/o servicios. La equidad de género significa justicia en el tratamiento de las mujeres y los hombres en lo que atañe a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las oportunidades, pues al reconocer las diferencias o los puntos de partida disímiles, redistribuye las oportunidades buscando el equilibrio.

Las brechas se refieren a cualquier disparidad entre la condición o posición de los hombres y las mujeres y la sociedad, son las que señalan la distancia que existe con relación al acceso, participación, asignación, uso, control y calidad de recursos, servicios, oportunidades y beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de              la vida social.

En el ámbito económico, por ejemplo, si miramos el porcentaje del desempleo según el DANE, en el período febrero-abril 2020 para las mujeres fue del 18,4% y para los hombres del 11,9%, con lo que la brecha es del 6,5% en contra de las mujeres. Este dato además está relacionado con el porcentaje de hogares de jefatura femenina, que según el censo 2018 es del 40,7%, lo que representa una tendencia de feminización de la pobreza. Las mujeres accedimos a la educación y alcanzamos niveles de formación que permiten competir en igualdad de condiciones que los hombres; sin embargo, esto no se refleja en las oportunidades laborales ni en condiciones de igualdad en la remuneración por el mismo trabajo, se ha establecido en diversas investigaciones que las mujeres reciben 20% menos que los hombres.

En Nariño, de los 64 municipios, 7 tienen una mujer alcaldesa (10,9%). De 14 curules de la Asamblea departamental solamente una mujer fue elegida (7,1%), mientras que en el Concejo de Pasto, una mujer fue elegida de 19 curules (5,2%) que tiene esta corporación.

Con el reconocimiento del derecho al voto en 1954 -ejercido por primera vez en 1957-, la mujer accedió a la representación política. Otro importante avance se logró con la Ley 581 de 2000 -Ley de Cuotas- que obliga a los gobiernos en todos los niveles (nacional, departamental, distrital y municipal) para que en los cargos de primera línea de decisión sean nombradas como mínimo el 30% de mujeres.

Posteriormente, la Ley 1475 de 2011, obligó a los partidos y movimientos políticos a incluir un 30 % de mujeres en las listas de candidatos/as que aspiran a cargos de elección popular, no obstante, la brecha sigue siendo profunda. En las elecciones de 2018 al Congreso, de un total de 277 congresistas, solo 56 fueron mujeres - es decir el 20,21%-. En las elecciones regionales de 2019, de 32 Gobernaciones fueron elegidas solo dos mujeres (el 6,25%) y de un total de 1.101 alcaldías fueron elegidas 134 mujeres alcaldesas (el 12,2%).

En Nariño, de los 64 municipios, 7 tienen una mujer alcaldesa (10,9%), de 14 curules de la Asamblea departamental solamente una mujer fue elegida (7,1%), mientras que en el Concejo, una mujer fue elegida de 19 curules (5,2%) que tiene esta corporación.

Es muy importante y necesario continuar rompiendo las barreras de acceso que para las mujeres persisten en estos procesos, como son el desconocimiento de la mecánica electoral, el control de los partidos políticos mayoritariamente de hombres, deficientes herramientas de apoyo para las mujeres candidatas y las propias barreras de resistencia de las mujeres para votar por las mujeres y las ya evidentes y resistentes barreras de los hombres para ceder el poder que han ostentado históricamente.

Por otro lado, la presencia de las mujeres en lo público ha significado un aumento de carga de responsabilidades, toda vez que, el hecho de haber incursionado en el mundo del trabajo remunerado, no ha significado una redistribución de las labores del cuidado en las familias.

La invitación es a repensarnos como sociedad, como grupo, en el reconocimiento de los derechos para hombres y mujeres, plantearnos la construcción del equilibrio en el acceso para la garantía de los derechos y que tanto hombres como mujeres seamos reconocidos y valorados en los aportes que hacemos al desarrollo económico, social, cultural, político y a la construcción de la paz en nuestro país. Debe ser parte de los retos que acojamos para la etapa de nueva normalidad.

La presencia de las mujeres en lo público ha significado un aumento de carga de responsabilidades,toda vez que, el hecho de haber incursionado en el mundo del trabajo remunerado, no ha significado una redistribución de las labores del cuidado en las familias.
Con el reconocimiento del derecho al voto en 1954 -ejercido por primera vez en 1957-, la mujer accedió a la representación política. Foto: El Tiempo